Por Víctor M. Carriba *
Naciones
Unidas (PL) Quinientos veinte años después de la llegada de los
colonizadores al llamado Nuevo Mundo, indígenas de todos los rincones
regresaron ahora a Naciones Unidas con reclamos por el legado que
todavía sufren sus comunidades por aquella invasión.
Y para acelerar los preparativos de la primera Cumbre Mundial de
Pueblos Indígenas, a celebrarse en 2014 como colofón de más de cinco
siglos de lucha en defensa de los derechos de todo tipo negados a esos
conglomerados.
Más de dos mil representantes de grupos
autóctonos acaban de concluir dos semanas de debates en la sede del
organismo mundial en Nueva York en la XI sesión del Foro Permanente para
Asuntos de los Pueblos Indígenas.
El tema central de las
discusiones giró en torno al título "La doctrina del descubrimiento y su
repercusión duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir
reparación por conquistas del pasado".
Una de las pautas del
intercambio la marcó la aimara chilena Hortensia Hidalgo al apuntar que
los conquistadores europeos usaron la cruz y la espada para imponer su
doctrina de un dios y un rey, obtuvieron la dispensa papal para
cristianizar a los indígenas y crearon la noción de razas superiores e
inferiores.
Ellos invadieron los territorios indígenas, violaron
de manera sistemática los derechos de sus pueblos, son los responsables
del cambio climático y ahora hablan de economía verde solo para
persistir en sus políticas de pillaje de la Madre Tierra, aseguró.
El cónclave de la ONU acordó una recomendación que llama a los Estados a
rectificar los errores causados por esa y otras doctrinas, en
particular por la violación de los derechos de las comunidades
originarias a la tierra, y a la restitución u otras formas de
reparación.
También ratificó la Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas en su denuncia a las doctrinas, políticas y
prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o
individuos por razones de origen nacional y diferencias raciales,
religiosas, étnicas o culturales.
Esas prácticas son racistas,
científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y
socialmente injustas, insistieron los delegados.
Por esa vía,
agregaron, los Estados han suprimido los derechos de los pueblos
indígenas, los cuales tienen derechos colectivos a las tierras,
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o
utilizado y exigieron el respeto a sus costumbres, tradiciones y
sistemas de tenencia de la tierra.
El punto forma parte de la
Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas,
adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General y cuyo quinto
aniversario fue conmemorado durante la XI sesión del foro.
El
encuentro emitió otra recomendación sobre el derecho de esas comunidades
a la soberanía alimentaria, el cual vincularon al reconocimiento
colectivo de sus prerrogativas relacionadas con la tierra y los
recursos, la cultura y la organización social.
En ese sentido,
instó a los Estados a facilitar el fortalecimiento de los sistemas
tradicionales de alimentación, ratificando y demarcando los territorios
indígenas para que puedan desarrollar mejor sus actividades de
producción de alimentos.
Asimismo, reclamó avanzar en las
negociaciones para un instrumento legal internacional que garantice la
protección efectiva del conocimiento tradicional indígena, las
expresiones culturales, el folclore y los recursos genéticos.
Por iniciativa del caucus latinoamericano, se propuso la adopción de una
Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra, a partir
de la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas de 2014.
La
sugerencia recordó que las poblaciones nativas son herederas de grandes
civilizaciones y han conquistado con muchos sacrificios el
reconocimiento de sus derechos en instrumentos jurídicos
internacionales.
Sin embargo, denunció que el actual modelo
neoliberal vulnera los derechos de los indígenas y de la Madre Tierra, y
reduce a los Estados a su mínima expresión, con la única tarea de
dictar políticas que favorecen las inversiones, en especial en
actividades extractivas.
Como consecuencia de eso, los pueblos
autóctonos padecen el despojo de territorios y bienes naturales, el
desplazamiento forzoso, la contaminación ambiental, daños a la salud y
la violación de sus lugares sagrados, según se explicó.
Además
sufren la imposición de modelos ajenos de desarrollo homogeneizador,
depredador y represivo que ya evidencia su inviabilidad en múltiples
crisis y el desconocimiento del derecho a la consulta y el
consentimiento previo, libre e informado.
Ese ángulo de las
discusiones apunta directamente a la Conferencia de la ONU sobre
Desarrollo Sostenible (Río+20) a celebrase el mes próximo en Río de
Janeiro.
Por todo eso, la cita de Nueva York instó a que la
cumbre de 2014 discuta también sobre nuevos paradigmas, como "los
Estados plurinacionales frente al Estado Nación en crisis y al cambio
climático" y la noción del Buen Vivir como alternativa a la crisis y la
llamada economía verde.
Otro tema clave del encuentro analizó
los problemas de la violencia contra las mujeres indígenas para acordar
acciones dirigidas a la aplicación de planes con perspectiva de género
con vistas a la protección de esas féminas.
Llamó a combatir la
trata de personas y todas las formas de explotación conexas e instaron a
las comunidades autóctonas a denunciar las distintas formas de
violencia contra sus mujeres.
El objetivo es proteger a las
víctimas, enjuiciar a los autores y evitar todas las formas de
explotación, en particular la trata de personas, apuntó.
Sobre
este último aspecto, los expertos del foro ratificaron sugerencias
previas para enfrentar el comercio de seres humanos con fines de
explotación sexual y la prostitución y otras referidas a la desaparición
y asesinato de mujeres aborígenes.
Igualmente se discutió en
torno a prácticas culturales como la mutilación y la ablación genital
femenina, el matrimonio con precio de la novia, el racismo y la
discriminación.
Solo restan dos años para la primera Cumbre de
los Pueblos Indígenas, cuya organización debe contar con un importante
protagonismo de esas comunidades y sus representantes, según advirtió el
canciller de Bolivia, David Choquehuanca.
El ministro, quien
presentó propuestas concretas al respecto, dijo que esa cita debe
analizar el cumplimiento de los objetivos trazados para el Segundo
decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014) y el estado de
implementación de la declaración de 2007.
Esta última contiene
46 artículos, el primero de los cuales dice que "los indígenas tienen
derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales".
Y el segundo
apunta que esas comunidades "son libres e iguales a todos los demás
pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de
discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada
en su origen o identidad indígenas".
*Jefe de la corresponsalía de Prensa Latina en Naciones Unidas. |
