miércoles, 7 de noviembre de 2012

Piden a la CIDH interceda contra proyecto eólico en Oaxaca

Milenio

Piden a la CIDH interceda contra proyecto eólico en Oaxaca

Estados •
Organismos de derechos humanos, ecologistas y activistas opuestos al plan, dirigieron una carta a Emilio Álvarez Icaza, titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Oaxaca • Organismos de derechos humanos, ecologistas y activistas antieólicos de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protección jurídica y medidas cautelares para la comunidad indígena ikojts de San Dionisio del Mar, ante las presuntas amenazas de cuerpos de seguridad estatal y municipal, por oponerse al proyecto eólico del mar muerto.
En una carta enviada al titular del organismo, Emilio Álvarez Icaza, los pueblos inconformes denunciaron que los gobiernos federal y de Oaxaca, pretenden imponer sin previa consulta con los pueblos originarios de la región un proyecto de inversión privada que solo está destinado a la generación de energía eléctrica para autoconsumo de empresas privadas como Cuauhtémoc Moctezuma, filial de Heineken NV y filiales de Femsa y no para el servicio público de las comunidades de la región.
Se quejaron de ser hostigados, incluso por funcionarios de ambos gobiernos, que han amenazado con enfrentarlos con el uso de la fuerza pública si se oponen a la construcción del parque eólico.
Los peticionarios de las medidas cautelares al organismo internacional sostienen que el proyecto eólico que se quiere imponer en la Barra de Santa Teresa es una zona sagrada que no debe ser profanada.
En su carta exigen que se haga respetar la identidad cultural de los pueblos originarios, su integridad personal y la vida de comuneros, quienes por encima de cualquier proyecto o acción de gobierno deben tener derecho libre a la alimentación, a la salud y a la vida digna.
Piden que se adopten medidas cautelares con el propósito de evitar daños irreparables a su territorio y exigen que se ordene al Estado mexicano detener el proyecto, cancelar las concesiones y permisos federales, estatales y municipales otorgados a la empresa eólica encargada del desarrollo del proyecto, ubicado en tierras de uso común de la comunidad supuestamente beneficiada.
Los opositores mantienen un cerco en la llamada Barra de Santa Teresa, para impedir la construcción de un parque industrial de la empresa Mareña Renovable.
Los inconformes advierten que custodiaran el área impidiendo el ingreso de la maquinaria pesada y contratistas.
Carlos Beas Torres, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, advirtió que si el gobierno de Gabino Cué se empeña en imponer el proyecto eólico en ese sitio, “correrá sangre y habrá confrontación”.
En tanto, el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino, aseguró que el gobierno de Oaxaca ha dispuesto de un esquema único para impulsar industrias comunales en el ramo minero y eólico, en los pueblos indígenas de zonas de alto conflicto y oposición a los proyectos de inversión.
“Hay beligerancia debido a que los proyectos no se conocen o no se consultaron debidamente entre los lugareños, que temen se dañen sus recursos naturales, se carece de información y ello implica actitudes beligerantes y violentas”.
Citó el caso de la construcción del parque eólico que se proyecta en la zona del mar muerto en la región del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de mil millones de pesos, que ha despertado gran irritación entre diversas organizaciones sociales.
Indicó para evitar la conflictividad que existe con la oposición a la construcción y operación de este tipo proyectos, que son redituables para impulsar la generación de industrias limpias, se ha tomado la iniciativa de buscar acuerdos de voluntad con los inversionistas para que incluyan a los pueblos originarios en sus propósitos de desarrollo.
“No queremos solo que se otorguen beneficios sociales, pretendemos que se integre a los pueblos y comunidades como socios de los proyectos, que los pueblos vean ganancias económicas y beneficios que se pueden lograr en sus demarcaciones”.
Regino refirió que solo avanzando en esta ruta se logrará detener la inercia de los pueblos que se oponen a los proyectos, argumentando que no fueron consultados y que son despojados de su territorio.